Denuncian penalmente a Felipe Harman por presuntas irregularidades en convenio entre la ANT y la SAE
En las últimas horas, el comité de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, por presuntas irregularidades en la ejecución del convenio suscrito con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la adquisición y administración de predios destinados a la reforma agraria. La acción judicial fue presentada por el abogado Germán Calderón España, integrante del denominado Equipo Dorado Anticorrupción, quien solicitó investigar a Harman y a los demás funcionarios que eventualmente hayan intervenido en los hechos denunciados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
De acuerdo con el equipo de empalme, la denuncia se fundamenta en los hallazgos preliminares de una auditoría forense realizada durante el proceso de transición de gobierno. Según esa revisión, la ANT habría realizado desembolsos cercanos a un billón de pesos en desarrollo del Contrato Marco No. 5100 y de otros contratos interadministrativos celebrados con la SAE durante 2024. Los denunciantes sostienen que esos recursos se habrían girado sin que existiera una ejecución material equivalente, debido a que varios predios aún no contarían con el saneamiento jurídico necesario ni habrían sido entregados formalmente a sus beneficiarios.
Tras conocerse la denuncia, Harman rechazó los señalamientos y defendió la legalidad del convenio. El director de la ANT aseguró que el acuerdo fue revisado desde los puntos de vista jurídico, fiscal y constitucional, y afirmó que los recursos entregados a la SAE funcionan como un fondo de garantía para responder ante eventuales decisiones judiciales sobre los predios, con el fin de proteger a las familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria. Además, sostuvo que cuestionar el mecanismo pone en riesgo los avances alcanzados en la recuperación de tierras provenientes de estructuras criminales.
La denuncia marca una de las primeras acciones penales anunciadas por el gobierno entrante dentro del proceso de empalme. Corresponderá ahora a la Fiscalía determinar si existen méritos para abrir una investigación formal y establecer si hubo o no responsabilidades penales en la celebración y ejecución del convenio entre la ANT y la SAE.
