jue. Abr 23rd, 2026

Indagación preliminar a funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio por presuntas irregularidades en expedinción de un decreto

La Personería Municipal de Villavicencio, informó que dispuso la apertura de indagación preliminar contra servidores públicos por determinar del Municipio de Villavicencio, por las presuntas irregularidades derivadas dentro del trámite y expedición del Decreto No. 1000-24/175 del  31 de marzo de 2020, “Por medio del cual se modifica el Decreto No. 688 del 13 de diciembre de 2019, mediante el cual se liquida el Presupuesto de Rentas, Recursos de capital y apropiaciones de Gastos para el Municipio de Villavicencio- Vigencia fiscal 2020”., así como en lo atinente a su remisión por parte de la Administración municipal a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa para efectos de determinar su legalidad dentro de los términos previstos en el artículo 136 del CPACA, sumado a esto, resulta también procedente indagar  circunstancias relativas a la ejecución del presupuesto.

Agregó que lo anterior obedece entre otras cosas, a lo dispuesto en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta del 01 de julio de los corrientes, que declaró la nulidad del Decreto No. 1000-24/175  del 31 de marzo de 2020 y en cuyo contenido además menciona, que la Personería Municipal de Villavicencio se encuentra adelantando investigación disciplinaria, con ocasión a las irregularidades que eventualmente se pudieron presentar en el trámite de remisión del mencionado decreto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para efectos de surtir el control de legalidad.

Dice la Personería que es importante recordar, que el Decreto No. 1000-24/175 del 31 de marzo de 2020 fue expedido por la Administración municipal en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional, amparados en el Decreto Legislativo 461 de 2020 a través del cual se autorizó temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, con el propósito de mitigar los impactos económicos  negativos generados por la pandemia COVID 19, sin que medie autorización de  las asambleas departamentales y concejos municipales respecto de ciertas operaciones presupuestales.