En el Meta, la URT transformó la vida de las comunidades Sikuani con la restitución de más de 50.000 hectáreas
En el Gobierno de Gustavo Petro, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Meta y Guaviare, alcanzó un resultado histórico para la reparación de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, al restituir 50.669 hectáreas de territorios ancestrales mediante el cumplimiento de dos sentencias judiciales que fortalecen la protección de sus derechos territoriales colectivos y su permanencia.
Uno de los principales logros corresponde a la restitución de 34.534 hectáreas a favor de las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, del pueblo originario Sikuani, ubicadas en la inspección de Planas, municipio de Puerto Gaitán (Meta). Con el cumplimiento de esta decisión judicial, 993 personas pertenecientes a 484 familias recuperaron sus derechos territoriales, materializando una de las restituciones colectivas más importantes realizadas en la región de la Orinoquía.
La sentencia reconoció que estas comunidades fueron víctimas de una afectación sistemática derivada del conflicto armado, que incluyó despojo, desplazamientos forzados, confinamiento, ocupación indebida, homicidios y graves impactos sobre su cultura, espiritualidad y formas de gobierno propio. Asimismo, el Tribunal determinó que existió una relación entre la explotación de recursos naturales y el despojo de sus tierras, además de la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados dentro de su territorio.
A este resultado se suma la restitución de 16.169 hectáreas al Resguardo Indígena Florida Kawinanae, permitiendo que, en conjunto, las dos sentencias restituyeran 50.669 hectáreas de territorios ancestrales y beneficiaran a 1.207 personas pertenecientes a 267 familias indígenas, fortaleciendo su autonomía e identidad cultural.
Con estos resultados, la Unidad de Restitución de Tierras demuestra el compromiso que tuvo el Gobierno de Gustavo Petro con la protección de los territorios ancestrales en el Meta, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y la consolidación de una reparación integral que reconoce el territorio como fundamento de su identidad, cultura, autonomía y pervivencia.
